Chile: Fondos, contratos de impacto social y otras iniciativas recientes

En Chile, el desarrollo de las inversiones de impacto está mostrando varios indicios de un creciente movimiento. No existe aún un instrumento que permita medir su desarrollo. Sin embargo, un reciente estudio del CEFIS UAI (Inversionistas de Impacto en Chile, 2017), dio cuenta del interés que este tipo de inversiones genera entre los inversionistas privados y family office locales, e identificó los elementos que existen a nivel local de un mercado desarrollado de inversiones de impacto.

A continuación, se explican algunas de las iniciativas recientes que han surgido en el último año a nivel local.

El Avance de los Bonos y Contratos de Impacto Social en Chile

El Ministerio de Economía —en conjunto con Desarrollo Social y Justicia— está trabajando en el desarrollo de Contratos de Impacto Social (equivalente al Bono de Impacto Social) como instrumento de inversión estatal. Según anuncios recientes, el Minecon está definiendo qué temáticas se quiere abordar y diseñando el contrato específico con la idea de que los primeros programas pilotos de Contratos de Impacto Social comiencen a operar en 2019, financiados en primera instancia desde la cartera de Economía, con montos que oscilen entre los $ 500 millones y $ 800 millones por proyecto (El Mercurio 2018).

¿Qué son los Bonos o Contratos de Impacto Social? Se trata de un modelo de financiamiento y articulación público-privada para el testeo de programas sociales, creado en Reino Unido en 2010 y desarrollado en distintas partes del mundo para probar nuevas soluciones centrando los incentivos en los resultados de impacto obtenidos por un programa, y no solo en la realización y cobertura del programa. EL BIS funciona de la siguiente forma:

1. La autoridad pública identifica un problema social que quiere prevenir o resolver. El esquema contempla por parte del Estado la emisión de un bono para desarrollar un determinado programa social en base a una intervención orientada a resultados y con financiamiento de inversionistas privados que aportan el capital con el incentivo de un retorno si se logra el resultado social esperado.
2. Se necesita también de una organización que actúe como intermediaria administrando el programa, levantando financiamiento con inversionistas privados y seleccionando y apoyando a los proveedores de servicios que implementan un modelo de intervención integral.
3. Los inversionistas privados pagan por adelantado al proveedor de servicios el costo de operación del programa, aportando el capital necesario para la implementación.
4. Al término de la ejecución del programa, una entidad independiente evalúa los resultados.

Este modelo funciona baja el principio de pago por resultado, ya que los inversionistas reciben el retorno de su capital con una rentabilidad previamente definida a ser pagada solo si el objetivo social es alcanzado de acuerdo a métricas pre-establecidas como umbral de éxito (Social Impact Investment Taskforce 2014). Existen distintas variaciones del modelo: desde la determinación previa de distintos niveles de éxito asociado a distintos niveles de retorno, hasta la pérdida de la inversión. Es importante destacar que el éxito de los BIS se mide según sus resultados, o impacto efectivo y no según la tasa de acciones o productos implementados en el programa social. Así se busca trasladar el foco tradicional del Estado en la ejecución y desarrollo de programas sociales, a la medición concreta de resultados.