Por Magdalena Aninat, directora CEFIS UAI
La filantropía permite unir diversas miradas en la construcción de una sociedad. Así, las contribuciones privadas que impulsa la sociedad civil y las acciones colaborativas, generan cohesión y bienestar social. Por lo mismo, existe un convencimiento que las sociedades dinámicas y vivas requieren de estas donaciones para darle sentido a su desarrollo, lo que hace necesario impulsar la filantropía en Chile.
Pero aunque se trata un sector que cuenta con un gran despliegue en Estados Unidos y Europa, es mayormente emergente en Latinoamérica. El Global Philanthropy Report desarrollado por la Universidad de Harvard (en colaboración con el CEFIS UAI para los datos nacionales), compara la filantropía institucional canalizada a través de fundaciones. Este sitúa a Chile como uno de los países estudiados con menor gasto en filantropía, con US$ 84 millones en 2015. Así, a pesar de los significativa que es esta contribución, en términos comparados, el aporte de la filantropía institucional al PIB es sustantivamente menor que el gasto social del sector en otros países de la región como Brasil, Colombia y México.
Como primer centro académico dedicado a aporta conocimiento para fortalecer las contribuciones privadas a bienes públicos, desde el CEFIS hemos desarrollado una línea de investigación que busca alimentar políticas públicas que permitan propiciar el desarrollo de la filantropía y las inversiones sociales. En este sentido, sabemos que un ecosistema saludable para el florecimiento de la filantropía requiere, entre otros factores, de un marco legal que propicie su desarrollo.
Entre 2016 y 2017 realizamos un análisis comprensivo de la diversidad de donantes activos en el espectro de la filantropía en Chile. En base a ello publicamos cuatro estudios que componen el Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales. Entre los distintos donantes: individuos, empresas, fundaciones filantrópicas, y ciudadanos, el tema de la regulación de incentivos tributarios emergió como un elemento que no estaba siendo efectivo en facilitar una mayor participación de personas e instituciones en los aportes sociales.
Los estudios lograron identificar que el aporte filantrópico en Chile se ha desarrollado en un contexto de regulación e incentivos a las donaciones privadas que ha sido diagnosticado como asimétrico, arbitrario, rígido e, incluso, injusto. En parte, debido a que las diferentes normativas han surgido fruto de diversas iniciativas impulsadas por líderes públicos, (el mejor ejemplo de ello es la llamada Ley Valdés, que lleva el nombre de quien lideró la discusión, el senador Gabriel Valdés). Pero estas iniciativas no siempre han estado coordinadas entre sí. En otras palabras, ha faltado una política pública articulada bajo una visión integral.
Fruto de este contexto, Chile cuenta con un sistema regulatorio que no permite potenciar el desarrollo de la filantropía en el país. Así, mientras las donaciones de personas, empresas y fundaciones han crecido en el tiempo, tanto en monto como en número participantes, la regulación ha ido quedando obsoleta. Hoy tenemos un marco legal compartimentado en distintas legislaciones donde es complejo navegar tanto para donantes como para donatarios, lo que genera incertidumbre en los actores del sistema.
Existe tratamiento tributario diverso a un mismo fin, no se incentiva en los mismos términos a los distintos tipos de contribuyentes, se entrega mayores beneficios a algunos ámbitos dejando a otros en desmedro y se genera un sistema excluyente de ámbitos sociales relevantes. Y además no contamos con mecanismos suficientes para asegurar la confianza en el sistema, por mencionar algunos de los puntos que fueron parte del diagnóstico con que trabajamos.
Desde la Escuela de Gobierno convocamos a personas de destacada trayectoria y conocimiento del sector a un diálogo desinteresado para definir los ejes sobre los cuales debiera articularse un sistema de donaciones para el Chile actual, aportando nuevas luces a otros esfuerzos anteriores que habían surgido tanto desde organizaciones de la sociedad civil como del propio Ejecutivo (entre ellos, el proyecto de ley que unifica el sistema de donaciones ingresado al Congreso en 2014). Participaron en la Mesa de Trabajo los abogados Carolina Fuensalida, y Francisco Saffie, junto con Kathleen Barclay, Juan Andrés Camus, Ignacio Irarrázaval, Alejandro Ferreiro, Diego Matte, Alejandra Pizarro, Jorge Rojas, Marcelo Sánchez; y la asistencia a algunas sesiones de Daniel Fernández, Ramiro Mendoza, Roberto Peralta, y Magdalena Moreno. Fruto de una discusión amplia y desinteresada, estos diálogos permitieron identificar una serie de principios rectores necesarios para definir una regulación moderna de un sistema de donaciones integral que tuviera por finalidad promover el desarrollo de la sociedad civil y sus organizaciones. El resultado de estos diálogos se plasmó en el informe Propuestas para modernizar el sistema de donaciones en Chile, que contó con el valioso apoyo de la Fundación Viento Sur.
En este segundo número del Boletín del Centro de Filantropía e Inversiones sociales de la Escuela de Gobierno UAI, compartimos con ustedes los resultados de este proceso, explicando los cinco ámbitos que emergen como fundamentales para un necesario proceso de modernización del sistema de donaciones en Chile.
