Hace una década, surgió el concepto de inversiones de impacto, que se define, según el Global Impact Investing Network (GIIN), como “aquellas inversiones en compañías, organizaciones y fondos con la intención de lograr un beneficio social o medioambiental para la comunidad, y a la vez un retorno financiero para el inversionista”. Esta definición va un paso más adelante que las inversiones responsables y sustentables ya que exige al inversionista la intencionalidad del doble objetivo de resultados (WEF 2013, p.8).
Este nuevo fenómeno en el mercado ha emergido en respuesta a una serie de desafíos de los últimos años que han creado las condiciones para que emerjan de forma simultánea una demanda y una oferta para la inversión de impacto (Social Impact Investment Taskforce 2014). Por una parte, los gobiernos enfrentan problemas sociales cada vez más complejos, una ciudadanía activa que le pone una fuerte exigencia a la búsqueda de soluciones, mientras que los presupuestos públicos no crecen de manera significativa. Ante esto, el sector público ha debido buscar aliados tanto en el sector privado como en la sociedad civil para resolver juntos estos problemas (OCDE 2015).
Además, existe una multiplicidad de factores como la crisis financiera del año 2008, que obligó al mercado de capitales a reinventarse para recuperar la confianza y seguir atrayendo capital (Social Impact Investment Taskforce 2014; Rodin & Brandenburg 2014); la incorporación de los millennials a la fuerza laboral, que se caracteriza por buscar reconectar su trabajo con un propósito, lo que ha potenciado el emprendimiento social (Social Impact Investment Taskforce 2014) y ha entregado a las empresas un nuevo argumento relacionado con la atracción de talento, para integrar la sostenibilidad en los modelos de negocios. Conceptos como valor compartido (desarrollado por Mark Kramer y Michael Porter en 2011), inversiones responsables y finanzas sostenibles, sumado al impulso de Naciones Unidas a las empresas a integrar el Pacto Global han instalado nuevos estándares en el mundo empresarial.
En este contexto, las inversiones de impacto han crecido significativamente, aumentando no sólo en cantidad de transacciones, sino que también ha mejorado la calidad y sofisticación de los productos de inversión de impacto. Aun así, su reciente desarrollo y la complejidad del levantamiento de datos impiden estimar con precisión el tamaño del mercado, por lo que existen significativas variaciones dependiendo de la metodología que se utilice y de la delimitación que se establezca del concepto de inversión de impacto (OCDE 2014).
Pese a ello, el consenso indica que las inversiones de impacto van creciendo. Las encuestas anuales de GIIN en alianza con JP Morgan, realizadas desde el año 2010 han identificado esta tendencia, con un aumento de 45% en el monto de inversiones de distintos tipos de inversionistas a nivel global. A pesar de ciertas divergencias, se estima que el mercado seguirá creciendo por lo menos al ritmo del mercado de las inversiones sostenibles ASG (que incorporan variables ambientales, sociales y de gobernanza), es decir, con un promedio de 11% anual (WEF 2013).
A nivel internacional, según un estudio de GIIN (2017) los inversionistas de impacto que busquen lograr retornos financieros acordes al mercado pueden lograrlo. Sus resultados indican que a través de varias estrategias y tipos de activos, los fondos en los cuartiles superiores que buscan rentabilidades acorde al mercado se desempeñan en niveles similares a sus pares en los mercados convencionales, en que el 5% superior de las inversiones logra una rentabilidad de un 22,1% o mayor. Mientras, que el 5% inferior de las inversiones logra un -15,4% o menos. Así, ambos rangos son similares a lo que se ve en las inversiones convencionales.
En los últimos años, en América Latina se han desarrollado relevantes iniciativas para el desarrollo de las inversiones de impacto. Los organismos multilaterales —desde su rol de co-inversionistas y promotores del desarrollo de este mercado— junto con las iniciativas de investigación y programas educativos en el ámbito de las inversiones de impacto y emprendimiento social en universidades y escuelas de negocios, y el desarrollo de instrumentos de inversión como los fondos de inversión sociales y los impulsos para el desarrollo de bonos de impacto social, han sido un aporte concreto para el desarrollo favorable de este mercado en los últimos años en la región.
En 2016, un estudio de Aspen Network, LAVCA, LGt Impact Ventures (2016) informó que sobre 78 firmas que hicieron inversión de impacto en América Latina entre 1997 y 2016 —incluyendo 28 con sede en la región y manejando activos de 1.2 mil millones de dólares—, el destino principal de estas inversiones fueron México (51%), Brasil (41%) y Colombia (37%) y en menor medida Chile (6%). Según los encuestados, los principales desafíos para la industria en la región tienen relación con encontrar oportunidades de inversión de calidad, lograr el retorno esperado y levantamiento de fondos.
Por otra parte, el estudio de Inversionistas de Impacto en Chile (Aninat & Fuenzalida 2017) da cuenta que el mercado en Chile tiene un camino avanzado en este sentido. Al dinamismo del emprendimiento social que estudios internacionales han destacado, se suma el desarrollo de sistemas de certificación que aseguran estándares de calidad y de compromiso con el impacto social o medioambiental, a importantes fondos públicos del gobierno central y de agencias internacionales que invierten en el desarrollo de empresas sociales, junto a fondos de inversión social privados y de plataformas de crowdfunding que han abierto canales de inversión de distinta escala de montos, una serie de centros especializados en universidades para la generación de conocimiento de innovación e inversión social, y los festivales e iniciativas de promoción que han permitido iniciar un diálogo y conocer el valor de las inversiones y el emprendimiento social.
Sin embargo, lograr un ecosistema que permita generar el doble retorno (financiero + social y medioambiental) inherente a las inversiones de impacto, requiere contar no sólo con actores fortalecidos en la demanda del capital, sino también con una visión de política pública que entienda el valor de movilizar inversión privada al desarrollo de proyectos que generan impacto social positivos. El caso del Reino Unido es emblemático en este sentido, principalmente por su compromiso con el desarrollo de las inversiones de impacto desde la política pública a nivel nacional, local y también internacional. Este compromiso se ha traducido en ser pioneros en la creación de instrumentos innovadores que movilizan la participación de inversionistas privados y articulan la cooperación público-privado-sociedad civil en el desarrollo de programas que buscan atender desafíos sociales complejos. Junto con ello, el sector público ha ampliado sus propias posibilidades para impulsar el mercado actuando como inversionista a través de fondos (el caso del fondo social provenientes de fondos durmientes), o bien desarrollando incentivos fiscales para la inversión individual dirigida a inversión de impacto, movilizando a inversionistas retail a invertir en cooperativas, sociedad comunitarias u organizaciones sociales, e instaurando reformas para incorporar en inversionistas institucionales la consideración de criterios de sostenibilidad (en el caso del sistema de pensiones).
El modelo del Reino Unido y otros países donde el fenómeno de las inversiones de impacto muestra altos grados de dinamismo, dan cuenta que su desarrollo requiere un impulso desde la política pública, el conocimiento del mercado y sus posibilidades, y una mayor capacidad de articulación del ecosistema en general. En este sentido, la realidad chilena aún cuenta con desafíos importantes. Si bien existe una importante provisión de fondos públicos para el desarrollo del emprendimiento y la innovación social (bajo el liderazgo de Corfo), se hace necesario adoptar una perspectiva desde el Estado que aborde el fenómeno a través de una mirada “de ecosistema”, que dimensione el impacto económico, social y medioambiental de estas iniciativas y las barreras para su desarrollo (Gatica et al 2012). En este sentido, a nivel local es interesante la movilización que existe tanto a nivel de fundaciones filantrópicas como del gobierno y agencias de desarrollo internacional de estudiar e impulsar iniciativas que, en forma significativa, encadenen la política pública a inversionistas privados, como los bonos de impacto social.
Por otra parte, en años recientes se han desarrollado legislaciones y políticas relacionadas con ámbitos medioambientales —como las relacionadas al desarrollo de energías renovables no convencionales o la reciente ley de reciclaje— que han sido movilizadores de inversión, ya que han permitido generar nuevas oportunidades de inversión con impacto medioambiental positivo. Sin embargo, aún está pendiente el desarrollo de legislaciones que, por una parte, incentiven las inversiones privadas a ámbitos sociales en un espectro más amplio, y, por otra, que aseguren la constitución de empresas híbridas que integran fines sociales y entreguen respaldo jurídico a los inversionistas respecto de la permanencia de estos fines en el tiempo.
Te invitamos a conocer nuestro estudio INVERSIONISTAS DE IMPACTO EN CHILE, que analiza el desarrollo de las inversiones que generan retorno financiero y retorno social o medioambiental en nuestro país, caracteriza a nivel general el mercado que compone un ecosistema favorable para el desarrollo de las inversiones de impacto y permite conocer por primera vez las variables que inciden en la toma de decisiones de los inversionistas individuales y family offices para participar en el mercado de inversiones de impacto.
