junio 21, 2018

El actual sistema de donaciones que rige en Chile no ha respondido a un diseño de política pública orgánica, sino a un desarrollo poco coordinado en el tiempo, con iniciativas parciales poco conciliadas entre las distintas legislaciones. Ello ha generado exclusión del sistema de ámbitos que han adquirido relevancia y urgencia en el bienestar social y diferencias significativas en los mecanismos de incentivo a distintos tipos de participantes. Es así como fines de amplia relevancia para el desarrollo social —como por ejemplo las que se dedican al ámbito de salud o medio ambiente— no cuentan con una ley específica de incentivo y facilitación de las donaciones, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con cultura, deporte o fines sociales. En términos prácticos, este vacío encarece la donación a estos ámbitos y dificulta la sostenibilidad financiera de organizaciones sociales pertenecientes a ellos. Además, las distintas legislaciones y circulares del Servicio de Impuestos Internos, dificultan a los donantes y donatarios prever con claridad las consecuencias de las donaciones.

En este contexto, las Propuestas para modernizar el sistema de donaciones en Chile, de la Mesa de Trabajo convocada por el CEFIS UAI (2018), propone una visión inclusiva hacia la participación de donatarios y fines a los cuales se destina la donación.

En este principio rector, el informe propone dos ejes:

En primer lugar, la necesidad de terminar con la exclusión y diferenciación del sistema de donaciones entre fines de alta relevancia para el desarrollo social, que hoy imponen un alto costo a las contribuciones privadas destinadas a ámbitos no regulados bajo legislaciones de incentivos tributarios (tales como la conservación del medio ambiente, el emprendimiento, el desarrollo comunitario, la salud, el culto religioso, entre otros), donde la concurrencia de la sociedad civil no solo es pertinente, sino también relevante para asegurar su desarrollo. Por ello plantea que, “el sistema debe incorporar una serie de ámbitos de alta relevancia social donde concurren la sociedad civil, las contribuciones privadas y el Estado, lo que implica que junto con los ámbitos existentes, se incluya en la legislación también a sectores no incluidos hasta ahora y lo haga desde una perspectiva integradora y no compartimentada, permitiendo, por ejemplo, el desarrollo comunitario o el cuidado de la infancia donde concurren programas educativos, culturales, de salud, entre otros, sin por ello condicionarlo a visiones específicas sobre educación, cultura u otro”.

En segundo lugar, cuando se diseña un sistema de donaciones que se rige por un principio inclusivo de participantes, se hace necesario revisar los procesos de incorporación en el sistema de organizaciones donatarias. Actualmente este proceso se ha compartimentado según ámbitos sociales, estableciendo diferencias procedimentales entre distintas legislaciones de forma poco coordinada tanto en sus procesos formales como en su reportabilidad. De hecho, la puerta de entrada al sistema se rige en algunos ámbitos por el tipo funcional de organización y en otros por el objeto de los estatutos de organizaciones. Junto con ello, las diferentes legislaciones definen en algunos casos requisitos mínimos asociados a su objeto o trayectoria, y en otros regula la entrada vía procesos de admisibilidad para la organización y acreditación de sus proyectos bajo Consejos sectoriales que no están exentos de prácticas arbitrarias. “El resultado es una alta complejidad del sistema, duplicidades y diferencias en el tratamiento hacia las organizaciones de la sociedad civil como elegibles a ser incorporadas en el sistema[1], que además no reconoce que las organizaciones de la sociedad civil muchas veces impactan en distintos ámbitos del bienestar social en forma transversal”, manifiesta el informe.

En este sentido, el documento propone contar con un mecanismo claro y simple de incorporación como donatario a organizaciones sin fines de lucro cuya labor esté destinada al cumplimiento de un interés social que transfiere un bien común a la sociedad en general, razón que justificaría su incorporación en el sistema de incentivos fiscales a las donaciones (en caso que estos se entreguen). Asimismo, afirma que se debe establecer la restricción a la recepción de donaciones a organizaciones sin fines de lucro (fundaciones principalmente) destinadas al beneficio personal o familiar de los fundadores.


En las Propuestas para modernizar el sistema de donaciones en Chile, de la Mesa de Trabajo convocada por el CEFIS UAI (2018), se plantea la necesidad de un sistema inclusivo para donantes, donatarios y fines, que asegure la facilidad procedimental y un trato justo y equitativo para asegurar la participación y acceso de distintos actores en el sistema. “Ello requiere incluir fines sociales excluidos desde una mirada no compartimentada del desarrollo social, facilitar la participación procedimental de organizaciones sin fines de lucro, con reglas claras y transparentes, que eviten la discrecionalidad desde el aparato público regulatorio y resguarden la capacidad de innovación social que resulta en una filantropía más robusta”.

Específicamente, el informe propuso un sistema de elegibilidad como donatario bajo dos vías de ingreso paralelas:

Por institución: se propone que ciertas instituciones sean elegibles de participar en el sistema y recibir donaciones directamente a la institución, siempre que cumplan con requisitos pre-establecidos de trayectoria y alto estándar de administración y reconocido mérito, estableciendo requisitos para ello tales como acreditarse con auditorías externas y exigiendo un proceso de revisión bianual.

Proyectos de organizaciones donatarias: en el cual las donaciones van destinadas a proyectos de organizaciones que la ley establece como admisibles y cuyos proyectos serían revisados y aprobados por un consejo de donaciones (consejo de expertos/honorables, público-privado-sociedad civil) para establecerse como susceptibles de recibir donaciones (en un proceso similar al actual de Ley de Donaciones con Fines Culturales y Sociales).

Junto con ello el informe señala que se debe definir con mayor claridad las atribuciones del comité o consejo de aprobación, “con el fin de evitar restricciones a la libertad, autonomía y diversidad de la sociedad civil y su capacidad de innovación social, pero que a su turno, vele por el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente, con imparcialidad e independencia según estándares que eviten sesgos políticos y discriminatorios y eviten también donaciones que atenten contra la legislación en sus distintos ámbitos”.

[1] En la mesa de trabajo se incorporó en el análisis el hecho que otros países —como Estados Unidos o México— establecen el sistema de entrada al sistema de donaciones en el momento de constituir una organización beneficiaria, estableciendo altos niveles de exigencia a la constitución de la organización y luego obligación de reportes anuales con alto nivel de detalle durante su operación, se convierten en elegibles per se para recibir donaciones (estilo USA 301(c) y formulario 990). En Chile, la Ley 20.500 facilitó la constitución de organizaciones sin fines de lucro que pueden calificar posteriormente como donatarios con incentivos a las donaciones, de acuerdo a las legislaciones vigentes.