junio 21, 2018

En una sociedad que muestra bajos índices de confianza interpersonal e institucional, la valoración que la ciudadanía manifiesta hacia muchas organizaciones de la sociedad civil —especialmente hacia aquellas que entregan servicios sociales y aquellas que promueven valores y actividades específicas en la comunidad[1]— señala la necesidad de establecer mecanismos que resguarden la fe pública en forma preventiva.

Si se entiende el acto de donar a terceros como un acto voluntario, gratuito e intencionado a la creación de bienes públicos, es muy importante fortalecer la confianza en el sistema.

Las Propuestas para modernizar el sistema de donaciones en Chile, de la Mesa de Trabajo convocada por el CEFIS UAI (2018), identifican una serie de vacíos relevantes relacionados con la confianza en el sistema de donaciones en Chile:

  • Una baja práctica de transparencia de parte de las organizaciones, ya sean donantes o donatarias;
  • Un vacío en cuanto a mecanismos que permitan a los propios donantes realizar una adecuada fiscalización del buen uso de los recursos donados;
  • La ausencia de un órgano regulador público que revise y sea garante del buen el sistema de donaciones. “Si bien el Ministerio de Justicia tiene asignado en parte este rol, su capacidad fiscalizadora sobre fundaciones y corporaciones muestra ser completamente insuficiente para el dinamismo actual del sector, lo que se acompaña de falencias en el proceso de construcción del registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro (establecido en artículo 8 de la Ley 20.500”.

El informe plantea la necesidad de evitar posibles malas prácticas que atenten contra la credibilidad y mermen la confianza en el sistema a través de mecanismos preventivos. “Para este fin se requiere implementar una política pública que promueva las buenas prácticas y una cultura de accountability en el donatario hacia los donantes, el Estado y la sociedad en general, con un mayor involucramiento de los gobiernos corporativos de las organizaciones beneficiarias”. En esta materia el informe destaca la necesidad de “definir con mayor claridad las responsabilidades legales del gobierno corporativo de fundaciones y corporaciones, especialmente en el control de la gestión de las organizaciones que participan en el sistema de donaciones”.

Para ello, se destaca la importancia de establecer mecanismos fiscalizadores con un sistema de reporte y rendición de cuentas, que asegure la coherencia entre la aprobación de donaciones y el buen uso por parte de los donatarios, evitando malas prácticas que atenten contra la credibilidad y confianza en el sistema. Siempre, asegurando respetar el derecho de libertad de asociación y resguardar la diversidad del actuar de la sociedad civil en temas de interés público.


En las Propuestas para modernizar el sistema de donaciones en Chile, de la Mesa de Trabajo convocada por el CEFIS UAI (2018), se plantea que se contemple como principio rector fortalecer la confianza en el buen uso del sistema tanto para los donantes, el Estado, los donatarios y la sociedad en general.

El informe plantea una serie de propuestas en este sentido:

Establecer un sistema de rendición de cuentas y fiscalización que considere las siguientes medidas:

    *Reporte anual de las organizaciones donatarias con formato pre-establecido obligatorio y estandarizado, equiparable y de acceso público. Junto con ello, debiera existir la obligación del SII de publicar una memoria anual de donaciones, indicando donantes, donatarios, montos donados, exenciones aplicadas, entre otros elementos orientados a la transparencia del sistema.

    *Sistema de control permanente considerando escala de ingresos por donaciones de las organizaciones beneficiarias o considerando vía de ingreso al sistema. Se propone la “revisión” para ingreso vía proyectos, auditoría externa con cofinanciamiento público para organizaciones que ingresan por la vía de institución.

   *Sistema de control aleatorio para todas las organizaciones beneficiarias con sistema de auditores externos acreditados.

Establecer claramente las causales y sanciones a situaciones de abusos, de manera que cumpla un fin ejemplificador e inhibidor de conductas reñidas con el buen uso del sistema. Las causales y sanciones deben establecerse a nivel legal para evitar sesgos políticos o burocráticos en su implementación.

[1] Ver Irarrázaval et al. Las Organizaciones de la Sociedad Civil desde la Percepción de los Chilenos. Primer índice de Valoración Social en Chile, Centro Políticas Públicas UC, 2016, pp.24-36.