mayo 16, 2018 Opinión, La Segunda

CEFIS en la prensa


“Es probable que una discusión sobre la filantropía ayude a la valoración de la capacidad de la sociedad civil”.

Un trabajo de la Harvard Kennedy School, publicado la semana pasada, señaló a Chile como uno de los países estudiados con menor gasto en filantropía. De acuerdo con el Informe Global de Filantropía 2018, las 120 fundaciones registradas en el país aportan cerca 100 millones de dólares anuales a la economía del país lo que ubica a Chile en el puesto 18 entre las 24 naciones que entregaron información sobre el tema.

El reporte confirma la realidad en que se mueve la filantropía institucional en Chile. Según cifras del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (CEFIS), de la U. Adolfo Ibáñez, si bien el sector ha demostrado cierto dinamismo en el pasado reciente —44% de las fundaciones se crearon en los últimos once años—, su aporte llega al 0,03% del P1B. Foco, en comparación con otros países de la región como Brasil, cuyo gasto filantrópico fue 66% mayor al chileno en 2014 (0,05%).

Este contexto hace necesarias acciones, en el marco de un debate amplio, para fortalecer la filantropía en el país. Por lo pronto, varios especialistas han señalado la necesidad de una modernización del marco legal en que se realiza la actividad. El sistema de incentivos para las donaciones ha sido calificado como complejo —y en algunos casos engorroso por los límites, condiciones y requisitos que impone—, ya que existen más de 90 normativas. Ante ello, se plantea una simplificación que incentive la participación de distintos tipos de donantes, no sólo de grandes compañías, sino que también de pequeñas y medianas empresas e incluso particulares, a través de beneficios tributarios como la reducción deducción o aplazamiento de impuestos.

En ese sentido, parece razonable volver a discutir el proyecto de Ley Única de Donaciones —presentado en 2014 al final del primer gobierno de Sebastián Piñera— que buscaba homologar los sistemas de donaciones, desde los con fines culturales hasta los del cuidado del medio ambiente.

Por otra parte —y del lado de la sociedad civil—, es necesario que las organizaciones filantrópicas puedan generar las confianzas necesarias, más allá de los fines o misiones particulares que desean cumplir. Ahí, uno de los principales desafíos apunta a establecer criterios de transparencia más rigurosos, en áreas como rendición de cuentas, acceso público a la información o medición de impacto de programas. Según el CEFIS, sólo el 29% de las fundaciones filantrópicas ha publicado sus memorias, y el 24% sus estados financieros y/o montos de gasto social de algún tipo.

Por cierto, se trata de una tarea que excede eventuales cambios legales. Pero es probable que una discusión sobre el tema ayude a una valoración de la filantropía que reconozca que la sociedad civil —como ocurre en el modelo anglosajón— es capaz de construir y financiar en forma colaborativa bienes públicos que son aporte para toda la sociedad.

Revisa la editorial original, aquí.

Conoce más detalles del Global Philanthropy Report, aquí.