febrero 18, 2017 - EL MERCURIO, EDITORIAL

CEFIS en la prensa


Emergencias como la vivida este verano ameritan el actuar compartido del Estado, la sociedad civil y el sector productivo.

EL MERCURIO, EDITORIAL

En todo el mundo, históricamente la filantropía ha cumplido un rol esencial en la consecución de objetivos sociales. En Chile hay ejemplos destacables. Desde fundaciones que promueven la educación de la primera infancia hasta entidades que buscan el desarrollo comunitario por medio del arte. Solo en el período 2012-2015, por ejemplo, las instituciones de educación superior recibieron cerca de $200 mil millones en donaciones. En total, según datos del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis), las donaciones registradas ante Impuestos Internos (SII) representan hoy un 0,12% del PIB, lejos, sin embargo, del promedio de 2% de los Estados Unidos.

Simplificar el sistema, una necesidad

Al igual que en muchos países, en Chile existen beneficios tributarios a las donaciones privadas, los cuales básicamente operan como una reducción, deducción o aplazamiento del impuesto que deben pagar los contribuyentes. En otras palabras, dado que las donaciones significan un gasto que no es de beneficio del donante, los incentivos apuntan a eximir el monto donado del impuesto correspondiente. La racionalidad tras dicha exención es estimular las donaciones a organizaciones sin fines de lucro, ayudando así a aumentar la cantidad de bienes o servicios al público que de otra forma serían provistos deficitariamente.

Sin embargo, el marco legal de las donaciones en Chile es complejo. Más de 90 normativas hacen engorrosos muchos de los trámites para realizar actividad filantrópica. A pesar de esto, existen actualmente 235 mil organizaciones de la sociedad civil, y las donaciones que reciben han crecido constantemente. Según cifras del Centro de Políticas Públicas UC y del SII, los aportes a dichas entidades realizados aprovechando las leyes que establecen beneficios impositivos alcanzaron aproximadamente a US$ 250 millones en 2015, con un promedio de US$ 190 millones en el período 2005-2015. Inevitable es la pregunta de cuánto podrían crecer esos números con un marco legal más eficiente y sencillo.

Donaciones y política

Un tipo de donaciones cruzado por polémicas es aquel destinado al financiamiento de la política. En el pasado, la ley permitía a empresas y personas naturales realizar aportes hasta ciertos límites, pero solo entregaba un beneficio tributario a las primeras. Así, mediante la figura del “aporte reservado” (donde el beneficiario desconocía la identidad del donante) entregaron aproximadamente el 40% de los aportes declarados por los candidatos y el 34% de los recibidos por los partidos políticos en las campañas de 2013, según cifras del Servicio Electoral.

El año pasado entró en vigor la nueva regulación que prohíbe los aportes de empresas y sociedades, y limita los de las personas naturales y hasta los que pueden hacer los candidatos a sus propias campañas. Estos cambios fueron acompañados de un nuevo sistema de financiamiento estatal basado en los resultados electorales previos de los partidos, lo que crea barreras de entrada y favorece a las colectividades existentes. Tal transformación obedece a una visión que -influida por los casos de irregularidades que investiga la justicia- reduce la libertad de los privados para donar a la política, en favor de un mayor peso del Estado, y parece desconocer los problemas de incentivos que ello produce.

Los retos a futuro

La filantropía es una pieza clave tanto para el desarrollo del país como para el fortalecimiento de la sociedad civil. Requiere de un marco regulatorio moderno, que incentive los aportes de los privados, pero que también fomente la confianza. Hoy, sin embargo, existe poca información respecto del alcance e impacto de las donaciones, lo que dificulta la construcción de dicha confianza, tanto por parte de la sociedad como de los propios contribuyentes. En ese contexto, la fiscalización respecto del buen uso de los beneficios también debe jugar un rol importante, de modo de desalentar y perseguir eventuales malas prácticas que precisamente crean desconfianza y atentan contra el desarrollo de una cultura filantrópica. Medir y evaluar el impacto de las donaciones es otro reto en esa línea.

En definitiva, se trata de avanzar hacia una institucionalidad que fomente la filantropía estratégica, basada en diseños que cuiden la eficiencia y los incentivos.

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