noviembre 8, 2015 - LA TERCERA, NEGOCIOS

CEFIS en la prensa


ONG y parlamentarios intentan convencer al gobierno de que reactive la iniciativa que entrega incentivos tributarios a la filantropía.

LA TERCERA, NEGOCIOS

Principalmente de manera anónima, a través de sus empresas o en forma personal y, sobre todo, para fines educacionales, es que donan los chilenos. Hoy, según diversos expertos y estudios, las personas y compañías destinan a ese tipo de actividades algo así como el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB): unos US$ 1.255 millones anuales. Un reciente estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) ajusta la cifra a 0,12% del PIB.

Las cuentas consideran desde las erogaciones de dinero en efectivo hasta el tiempo que una persona entrega en forma voluntaria. Y abarca cruzadas solidarias como la Teletón, iglesias, fundaciones de todo tipo, educación y cultura. En las cifras también se consideran actividades de responsabilidad social que realizan algunas empresas, y hasta lo que comúnmente se conoce como “caridad”.

De acuerdo con los análisis, la filantropía crece en Chile a medida que aumenta la riqueza del país. De eso se habló la semana pasada en el seminario internacional “Transparencia y confianza, herramientas para sustentar el crecimiento de las organizaciones sin fines de lucro”, donde los diversos participantes coincidieron en la necesidad de contar con criterios uniformes de medición en materia de transparencia y gestión interna.

El 1 de octubre pasado, de hecho, representantes del sector se reunieron con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para analizar cómo avanzar con rapidez en la creación de un sistema de rendición de cuentas más estandarizado para las organizaciones sociales. La idea es que, además de incentivos a la transparencia, exista un marco regulatorio que facilite las donaciones. La secretaria de Estado se comprometió a analizar el tema.

Acuerdo transversal

Se trata, en todo caso, de una aspiración de larga data en el sector. Desde la década pasada diversas entidades y parlamentarios pujan por convencer a los sucesivos gobiernos de establecer una ley, en un país en el que los índices de mecenazgo son muy inferiores a los de las economías desarrolladas, donde la filantropía supera el ámbito de lo personal y asciende al rango de obligación social. Pero la desconfianza y las suspicacias sobre los motivos y atajos para rebajar impuestos al momento de donar han enredado y retrasado el debate. La falta de información es otra de las razones del origen del recelo con que parte de la población mira algunos de esos aportes.

Las donaciones de las grandes fortunas tomaron velocidad a partir de 1990, con la puesta en marcha de la llamada Ley Valdés, impulsada por el fallecido senador y ex ministro DC Gabriel Valdés Subercaseaux. La norma incentivaba a las empresas privadas a financiar proyectos culturales a cambio de una reducción de impuestos. Veintitrés años después, fue modificada, ampliando el tipo de donantes y estableciendo un beneficio tributario distinto para cada uno.

Pero la emprendedora social Jeanete von Wolfersdorff advierte que el marco normativo ya es anticuado, sobre todo si se compara con el de otros países, y que eso supone un verdadero freno a la solidaridad.

Según explica, los números apuntan a que hay margen para una mejora. En marzo de 2014, cuando finalizaba el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que unificaba los 92 cuerpos legales vigentes sobre donaciones, proponiendo que para los contribuyentes del impuesto de primera categoría (empresas) se aumentara el límite máximo para las donaciones al 10% de la renta líquida imponible.

El proyecto unificaba los sistemas de donaciones con fines culturales, sociales, deportivos, educacionales y universitarios, pero también agregaba la promoción de la salud, el cuidado del medioambiente y actividades relacionadas con el culto religioso. “Hoy, el marco normativo que tenemos en Chile para proyectos sociales es tan complejo que sólo unos pocos lo usan; los que tienen muy buena asesoría”, afirma Von Wolfersdorff.

Por eso, tras el cambio de gobierno y notar que el proyecto no estaba entre las prioridades de la administración Bachelet, volvieron a la carga. En la actualidad, el proyecto de ley única de donaciones se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados y cuenta con el auspicio de un grupo transversal de parlamentarios, formado por los senadores Carolina Goic (DC), Ricardo Lagos W. (PPD), Francisco Chahuán (RN) y Alfonso de Urresti (PS). A ellos se suman los diputados Patricio Vallespín (DC), Pepe Auth (PPD), Maya Fernández (PS) y Felipe Kast (independiente), quienes han participado activamente en la discusión.

La iniciativa propone diversas exenciones impositivas e incluso la posibilidad de que los propios trabajadores puedan pactar descuentos por planilla con su empleador, además de la creación de un consejo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Recaudación, el tope

Aunque el gobierno aún no se ha comprometido ni a impulsar ni a bloquear la nueva ley de mecenazgo, desde el sector de las fundaciones denuncian que la medida ha generado roces al interior del Ejecutivo por la negativa de Hacienda a incrementar los incentivos tributarios, porque podrían generar una merma en la recaudación fiscal. No es secreto que la prioridad de Teatinos 120 es aumentar los ingresos fiscales, lo que obliga a asegurar cada peso que entra en las arcas públicas.

De hecho, ya el proyecto de ley de la administración Piñera reconocía una menor recaudación transitoria de US$ 173 millones, argumentando que, luego, el efecto fiscal se diluiría entre los múltiples beneficios de la iniciativa.

“Estamos esperando a que nos pueda recibir el ministro Rodrigo Valdés (de Hacienda), no tanto para explicarle la importancia de una ley única de donaciones para los ciudadanos, pues sabemos que Hacienda está consciente de eso. Queremos reunirnos con él para tener su compromiso de poner esta iniciativa en la agenda administrativa 2016 y conversar sobre la mejor fórmula para alcanzar la adicionalidad de recursos a la que apunta el proyecto”, dice Von Wolfersdorff.

En vez de reducir la recaudación, añade que el proyecto debería mejorarla. “La invitación es a analizarlo en conjunto en vez de mantenernos estancados en la situación actual que, en definitiva, es negativa para todos. Queremos cambiar eso y lo queremos trabajar junto con Hacienda, como socio en materia de solidaridad y recursos para el bien común”, sostiene la emprendedora social.

En 2004, el documento titulado “Estudio comparativo del sector sin fines de lucro” entregó un primer retrato de la solidaridad en Chile. El texto mostraba que las pequeñas y las grandes ayudas, colaboraciones y donaciones constituyen un actor relevante en la economía chilena: emplean en forma remunerada a más de 303.000 personas e implican una capacidad de gasto equivalente a 1,5% del PIB.

Los datos anteriores sitúan al sector sin fines de lucro (SSFL) chileno como el mayor de Latinoamérica: en 2004, el 7% de la población nacional adulta destinó parte de su tiempo al trabajo voluntario en áreas de educación, salud, servicios sociales y desarrollo comunitario. Eso sí, según el informe, la principal fuente de ingresos del sector fue el Estado, que aportó el 45%. “Este nivel supera al de otros países en transición, en especial latinoamericanos”, indica el documento.

Pero una ley única, aclara el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, por sí sola no soluciona todos los problemas, aunque “sí tendría inmediatamente un aspecto positivo, que es eliminar la odiosa discriminación que termina existiendo por haber diversidad de trato en algunos ámbitos”. Por ejemplo, explica, “no hay una ley que cubra donaciones en temas ambientales y sostenibilidad, y también existen diferentes tratamientos tributarios que tienen algunos y otros no”.

A nivel de empresas

Hasta ahora, en Chile la filantropía ha sido capaz de movilizar importantes recursos para la cultura, la educación y campañas sociales. Casi todas las familias ligadas a los principales grupos empresariales del país mantienen fundaciones o contribuyen a instituciones que colaboran con los demás, asegura el estudio reciente de la UAI.

Los aportantes declaran hacerlo para ayudar a los más necesitados, mejorar el acceso a las oportunidades o sencillamente para devolver a la sociedad parte del patrimonio que han generado.

Respecto del comportamiento de quienes tienen más recursos, las cifras de la casa de estudios constatan que las empresas (contribuyentes de impuesto de primera categoría) son las mayores aportantes acogidas a beneficios tributarios. “La evidencia señala que los países que tienen exenciones tributarias para los individuos tienen mayores rangos de aportes en donaciones a organizaciones benéficas. Según el World Giving Index, la proporción es un 12% mayor en países que ofrecen un incentivo a las personas (33% de personas de estos países realiza donaciones), versus aquellos que no tienen (21% de personas de estos países realiza donaciones)”, detalla el informe.

Agrega que entre 2009 y 2013 la cantidad de individuos de ultra alto patrimonio ha aumentado un 58% en el país, mientras que el total de donaciones acogidas a las principales leyes de exención tributaria sumó $ 132.487 millones al 2012. Por ello, apunta a la existencia de un “margen potencial de crecimiento de los aportes sociales, si se considera el registro de donaciones acogidas a los incentivos tributarios y el nivel de compromiso e interés en el ámbito de desarrollo social que declaran los propios empresarios”.

El estudio de la UAI se realizó entre octubre de 2014 y enero de 2015, mediante entrevistas a líderes e integrantes de 75 grupos empresariales de Chile. El perfil de los entrevistados está vinculado a la toma de decisiones: propietarios o ejecutivos de primera línea.

Es difícil determinar con exactitud si todo ese grupo está pensando en hacer filantropía, pero las señales indican una tendencia a participar del proceso. En los mismos family offices, donde se gestionan las fortunas de varios grupos, reconocen la existencia de fondos que se manejan separadamente y de manera muy conservadora, con el único destino de ir alimentando una causa solidaria.

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